Después de una larga lucha e intensa pelea, con rechazos de la política y de la propia Justicia, la cúpula policial a cargo del represivo operativo llevado adelante en Arroyito en 2007 y que terminó con el fusilamiento del docente Carlos Fuentealba, conoce su pena. Los condenados fueron encontrados responsables por el abuso de autoridad y abuso de arma agravado.
Carlos Zalazar, Moisés y Adolfo Soto y Mario Rinzafri, los exjefes policiales condenados por abuso de autoridad, recibieron 1 año y 6 meses de prisión de condicional más inhabilitación por el doble de la pena, mientras que Jorge Garrido fue condenado a 1 año y 4 meses de prisión condicional con inhabilitación. El restante, Benito Matus, el único en actividad, recibió 1 año y 4 meses de prisión en suspenso, con inhabilitación por 6 meses.
Esto se conoció en lo que se conoce como Audiencia de Cesura, que se desarrolló la semana pasada y por la que pasaron 13 testigos, quienes declararon respecto de la idoneidad profesional y la calidad humana de cada imputado, su desempeño profesional e institucional, familiar y en la comunidad, todo referido por colegas de la fuerza y familiares.
También se ventilaron los legajos profesionales, los cuales no arrojaron conductas que pudieran ser consideradas para evaluar como agravantes al momento de meritar la pena.
El máximo de pena que establece la ley para el delito de abuso de autoridad agravado por su condición de funcionario policial, esto es 2 años de prisión condicional e inhabilitación por el doble de ese tiempo.
“Nosotros habíamos pedido el máximo, y le dieron casi eso. Acá hay que valorar haber concretado el juicio y valorar las penas”, expresó Pablo Grisón, secretario gremial de ATEN, quien agregó que los jueces han valorado los antecedentes y agravantes para tomar su decisión.
En diálogo con Todo el mundo sabe, programa que se emite por Aire 99 (FM 99.7), remarcó que es un fallo razonable, aunque esté lejos de lo que inicialmente quería la familia de Carlos y el gremio, que era enjuiciar al ex gobernador Jorge Sobisch. “Todos conocemos el trayecto de la Causa Fuentealba II y las trabas de los poderes político y judicial para avanzar, por eso valoramos mucho lo que se logró”, dijo y remarcó lo importante que fue concretar el juicio y que se condene a los jefes policiales.
“Esto debe ser una señal clara para que se frene la respuesta represiva en el país”, expresó Grisón, haciendo alusión a lo ocurrido recientemente el Jujuy, con las acciones represivas del gobernador Gerardo Morales al pueblo de esa provincia. “La respuesta ante los reclamos sociales y gremiales nunca puede ser la represión”, cerró.
Desde aten indicaron que “con esta audiencia se finaliza el largo proceso de 16 años de búsqueda incansable de justicia, que junto a Sandra (Rodríguez) hemos llevado adelante de manera ejemplar. Concretamos el juicio y llegamos a estas sentencias, que son un límite a la utilización de la fuerza represiva para responder a los legítimos reclamos que expresa el conflicto social, que no es otra cosa que la disputa por la defensa de derechos y por una justa distribución de la riqueza”.